FACTOR URBANO

Cities & Communities

Los potenciales efectos de un tsunami

En el norte grande

Articulo original Revista Nueva Minería
La necesidad de sistemas de alertas tempranas y un rol activo del sector minero en conjunto con el Estado, serían las principales claves para mitigar el impacto que un evento de estas magnitudes podría causar tanto en la población como en la economía del país
La catástrofe del año 2010 en la región del Maule fue una forma dramática de recordar que los terremotos y tsunamis son una amenaza real para Chile. Que efectivamente es necesario realizar un diagnóstico, impulsar una serie de estudios respecto a esta materia y especialmente adoptar las medidas pertinentes para que la actividad portuaria, minera, industrial y la gente en general esté mejor preparada.

La industria minera debe prepararse hoy para adoptar las medidas de mitigación ante la eventualidad de un tsunami en las costas nortes del país, no sólo por cómo éste afectaría a los puertos de la zona de Mejillones o Antofagasta, por ejemplo, sino por el impacto que un evento natural de este tipo tendría en las plantas generadoras de termoelectricidad que están próximas al mar. Por tanto, deben existir los planes de acción eficientes para que el funcionamiento normal de la productividad pueda ser recuperada en forma más o menos rápida.

A pesar que hubo una predicción el año 2009 que la brecha sísmica del Maule estaba en un estado final del ciclo sísmico, los científicos no tuvieron la capacidad de convencer a las autoridades del evento que podía acontecer y éstas, por su parte, no fueron capaces de asegurar sistemas de alerta temprana de terremotos y tsunamis eficientes.

¿Cuál es la oportunidad para Chile?

Chile está a ad portas de sufrir un terremoto similar a los eventos ocurridos el 2010 y 2011 (en Japón) en un futuro cercano. Varios grupos de científicos han dado la voz de alerta que un gran sismo con características tsunamigénicas afectará las costas del norte de Chile y sur del Perú. Paradojalmente este evento afectará la zona más productiva en términos del PIB de Chile y puede causar un impacto tal, que afectará seriamente la economía del país.

Ante este escenario, las autoridades junto con los principales productores económicos mineros privados del norte de Chile deberían redoblar sus esfuerzos en dotar al país de un sistema de alerta temprana de terremotos y tsunamis. Los costos involucrados son del orden de US$ 700 millones. No hacerlo puede ser irresponsable para el tamaño de la economía de Chile. Este esfuerzo debería ser combinado entre las agencias del Estado chileno y las industrias que mantienen el desarrollo minero.

Chile y Japón:

Experiencias comparativas en cifras

Las características sismológicas y geodésicas de los terremotos del Maule 2010 y Tohoku-Oki 2011 representan eventos sísmicos mayores ocurridos en la cuenca del Pacífico que se generaron por el deslizamiento friccional entre la placa de Nazca y Sudamérica (Maule) y entre la placa Pacífica y la extensión occidental de la placa Norteamericana (Tohoku-Oki).

En el caso del terremoto del Maule el deslizamiento sísmico alcanzó un máximo de 15 metros, tuvo una duración de 2.5 minutos, y una magnitud de momento de 8.5. El momento sísmico -que mide la cantidad de energía liberada- fue de 1,76X1022 N/m. En tierra este terremoto generó una subsidencia máxima de 1.8 m y un desplazamiento horizontal máximo de 5.06 m. La zona de levantamiento máximo causada por este terremoto estuvo localizada bajo el mar y fue de 4.8 m que afectó a dos áreas de varios cientos de kilómetros cuadrados. El alzamiento cosísmico del fondo marino causó un tsunami de grandes proporciones que devastó las costas del área de Constitución hasta la Península de Arauco. Las olas de 12 a 15 m de altura impactaron las costas 25 a 30 minutos después del inicio del terremoto. La altura máxima de penetración de las olas fue de 29 m.

En el caso del sismo japonés, el deslizamiento máximo fue de 50 m, tuvo una duración aproximada de 2.5 minutos y una magnitud de momento de Mw=9.0. El momento sísmico fue de 3,46 X 1022 N/m. Este terremoto generó un deslizamiento horizontal máximo en tierra de 4,35 m (gran parte del deslizamiento máximo horizontal fue submarino). El levantamiento del fondo marino alcanzó 6 m en una gran zona localizada muy cerca de la fosa. Debido a esto se generó un tsunami de grandes proporciones que azotó las costas del noreste de Japón. La altura máxima de inundación fue similar al del sismo del Maule y fue de 30 m.

Víctimas y pérdidas económicas

A pesar que el terremoto de Japón liberó un 1/3 más de energía que el terremoto del Maule, el número de víctimas en relación al porcentaje de personas expuestas en el área de ruptura fue similar. Las pérdidas económicas relativas al PIB fue considerablemente menor en el caso de Japón respecto de Chile. En efecto, el país nipón tuvo pérdidas económicas que alcanzan a un 5.4% del PIB, en contraste Chile tuvo pérdidas del orden de 11.6 % del PIB. La reducción a la mitad del impacto económico que logró Japón (una economía que tiene 18 veces el tamaño de Chile) es un hito de gran significancia respecto de Chile. Este logro se debe a las excelentes medidas de alerta temprana que Japón posee.

Catástrofe de tsunami y el factor energético

Los estudios realizados en Chile referentes a los efectos sísmicos, en general, nos permiten hoy estar bastante bien dotados de infraestructura adecuada para este tipo de catástrofes. El país ha estado consciente de esa amenaza y se ha preparado de buena forma. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar en analizar cómo nos afectaría un tsunami en términos de la generación de energía.
Un impacto no menor sería el aislamiento en que se podría caer, especialmente pensando en la zona Norte del país. Hay ciudades y puertos que se encuentran hoy muy vulnerables respecto a lo que podría ocurrir con un tsunami por la ubicación territorial y nivel de exposición.

El caso de la ciudad de Mejillones, en la que hay una gran concentración de energía y que se ha verificado por la existencia de un gap sísmico entre la península de Mejillones y el sur de Perú, es un claro ejemplo de riesgo por su nivel de exposición territorial. Este riesgo también afecta al suministro de energía. Especialmente el agua, que es un tema realmente importante en la zona del norte grande de Chile.

A nivel portuario, Antofagasta, que tiene plantas de soldaduras al borde del mar, se encuentra también en un alto grado de exposición. Hay todo un desarrollo respecto de la infraestructura crítica, portuaria y energética que es necesario revisar. Y probablemente sea necesario implementar obras o medidas de mitigación que pudieran asegurar que en el caso de un evento, estas ciudades puedan mantenerse operativas o recuperarse lo más rápido posible.

Ahora, desde el punto de vista de las comunidades, Iquique es una de las ciudades más críticas, por su ubicación geográfica, su difícil acceso y por tanto, evacuación. Además, cuenta con edificaciones de madera y adobe. Son precedentes que hay que tener en cuenta.

En la crisis del gas natural en el período del Presidente Ricardo Lagos, Chile había hecho una serie de inversiones asociadas con el abastecimiento del gas que en ese entonces provenía de Argentina, y que de un día para otro se cortó. Todo el país sufrió los efectos. Esto era algo difícil de proyectar, pero la eventualidad de un tsunami en las costas del Norte de Chile son riesgos de los que si podemos tener una proyección.

Bajo este escenario se dio una crisis en que el impacto sobre las personas fue mucho menor que sobre la economía: las empresas. Gran parte del gasto energético se lo llevaron las empresas, pero se transformó en un problema nacional cuando se empezó a abordar el impacto sobre las personas.
Entonces, aquí se tiene una experiencia que es necesario revisar desde la perspectiva de la energía. Todos estos efectos comienzan primero a afectar a las grandes empresas, pero si además no se piensa en cuánto va a afectar a las personas, se está ante un gran problema que resulta catastrófico. Cuando estas situaciones adversas afectan a las personas, se transforman en un problema país.

El Efecto dominó

Chile enfrenta hoy una situación altamente frágil por la posibilidad de un terremoto de gran magnitud y un tsunami asociado. Esto porque se produciría una falla sistémica en cadena de grandes proporciones. Se cortarían las comunicaciones, el suministro de agua, alimentos y, finalmente, todo esto repercutiría en la producción del país, que si decae, afecta a todos.

Es necesario que Chile, y el sector minero, realice las inversiones necesarias para que esto no ocurra, o al menos, esté mitigado en parte importante.

Efectivamente, este tipo de eventos catastróficos deben ser revisados respecto a la cadena de valor asociada a la minería, no sólo considerando el impacto de un tsunami en la producción minera como tal, sino también todo lo que está asociado al ámbito minero.

Chile necesita tener una visión integral del territorio nacional no sólo en función de visualizar en qué áreas están operando las obras mineras, sino de cómo estratégicamente se planifica la distribución arquitectónica y territorial de carreteras que conectan al país, los puertos, la infraestructura sanitaria que está asociada, entre otros. Este ya no es un problema minero sino un asunto país, que tiene que ver con la falta de estrategia nacional respecto de cuál es el rol de la minería en el territorio y qué pasa con el ordenamiento territorial asociado a la minería.

Ese es un mundo. El otro, tiene que ver con las externalidades asociadas a la minería, o sea, todo lo que afecta a nuevos territorios y a nuevas poblaciones que se re-localizan en función de las construcciones y de nuevas demandas de población.

De que aquí al año 2020 entre la segunda y tercera región ingresarán alrededor de US$ 100 mil millones de inversión en términos de producción minera. Esto va a generar un impacto en la economía del país mucho mayor que el que hoy tiene la minería.

El desarrollo del éxito minero tiene varios efectos en el desarrollo social y territorial del país. Primero, porque los mejores constructores se van a trabajar allá, lo que aumenta los costos de la construcción.
La minería, ese actor tan grande de la economía, sigue proyectando su crecimiento como lo ha hecho en los últimos años. Sin duda, esto va a generar mayores impactos ambientales y por tanto, sociales. Mayor presión ambiental por las propias extracciones y toda la actividad asociada.

Territorios como Copiapó se están viendo hoy afectados por el aumento de la demanda de suelo. La gente quiere ir a trabajar allá. Entonces, al momento de hablar el tema de riesgos en el país asociado a catástrofes naturales tenemos que verlo en función de los sectores productivos que se realizan en la región.

¿Cuál es el rol de la minería?, ¿cuánto la minería debería preocuparse de esas otras externalidades que afectan al territorio? La pregunta entonces es qué pasa con estos territorios en cuanto a los temas de riesgos, y es ahí donde quizás es posible decir que como país no estamos preparados. Falta mucho por avanzar.

¿Pero, por dónde partir?

Chile es un país que va reaccionando a este tipo de eventos. Lo vimos el 2010, donde se constató que no existía la conciencia, la preparación ni los instrumentos de planificación adecuados para anticipar este tipo de amenazas y sus consecuencias. La institucionalidad no estuvo ni está adaptada para poder enfrentar toda esa planificación de una forma integral y con una visión multisectorial.

Por lo tanto, resulta necesario revisar las distintas áreas de desarrollo industrial, ver dónde se van instalar los puertos, cómo van a entrar en conflicto con otro tipo de valores, como por ejemplo, el ambiental que ha estado en la contingencia nacional, el desarrollo energético, entre otros.

En esta línea es necesario avanzar hacia una compresión que permita una decisión a nivel de país y que dé tranquilidad a los distintos actores que convergen. Esto en la actualidad no existe y Chile está entrando en un conflicto que es insostenible en el tiempo, que impide que sigamos avanzando como país.

Por tanto, el impulso público-privado es vital para poder enfrentar el escenario descrito y para que el desarrollo sea inteligente, no sólo a nivel de desastres naturales sino también de equidad social.

El rol del Estado ante este tipo de eventos catastróficos resulta preponderante. La autoridad, como primer responsable en la materia, debiera focalizar una considerable cantidad de recursos para mitigar el impacto en el sector minero, teniendo en cuenta que éste es un área clave dentro de la economía del país.

Planificar cuáles son sus requerimientos estructurales y sobre éstos asignar nuevos recursos que le permitan saber cuánto le puede impactar un evento de estas magnitudes. Conocer cuál es el ordenamiento más adecuado de las inversiones públicas, qué le debe exigir a las empresas en su totalidad y por cada caso en específico.

Asimismo, la participación de las empresas privadas es de gran importancia para que se genere una discusión en torno a esta problemática, no sólo a nivel académico sino que a razón de las necesidades que el mismo sector minero requiere para su negocio. Las empresas mineras debieran planificar juntas las medidas de mitigación en el territorio en que se enmarcan, analizar esto a la luz de las inversiones que se realizan en sus obras, y plantearle al Estado sus requerimientos.

Artículo especialmente preparado para Revista Nueva Minería & Energía por los académicos e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Cienfuegos, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental y Roberto Moris, arquitecto y subdirector del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile; junto con la colaboración del Dr. Gabriel González, académico del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte.

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This entry was posted on 2012/10/31 by in Riesgos and tagged .
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